La ambiciosa apuesta de Australia por expulsar a los menores de 16 años de las redes sociales está atravesando un momento crÃtico. Lo que nació como una medida pionera a nivel mundial para proteger la salud mental de los más jóvenes se ha topado con una realidad tecnológica tozuda: los adolescentes encuentran mil y una formas de sortear los bloqueos digitales en cuestión de minutos. Esta situación ha obligado al ejecutivo de Anthony Albanese a dar un golpe sobre la mesa ante la sensación de que las grandes tecnológicas están haciendo lo mÃnimo indispensable para cumplir la ley.
En el viejo continente, la situación se sigue con una mezcla de curiosidad y cautela. El Gobierno de España, al igual que otros vecinos como Francia o Dinamarca, está muy pendiente de los resultados de este laboratorio digital, ya que aquà también se están cocinando leyes muy parecidas para limitar el tiempo frente a las pantallas. Sin embargo, los primeros datos que llegan desde las antÃpodas sugieren que prohibir por decreto no es tan sencillo como parece y que las plataformas como TikTok, Instagram o YouTube no están poniendo toda la carne en el asador para colaborar.
Multas millonarias y más control para las grandes tecnológicas
Ante la falta de resultados contundentes, el gobierno australiano ha anunciado un endurecimiento severo de las sanciones económicas. La multa máxima por infracciones sistemáticas se va a duplicar, pasando de los 49,5 millones iniciales a unos imponentes 99 millones de dólares, una cifra que busca equipararse a las sanciones de las leyes de competencia. El mensaje es claro: si las empresas no se toman en serio la protección de los menores, el castigo les va a doler de verdad en la cuenta de resultados.
Además de subir las multas, el organismo regulador, conocido como el Comisionado de Seguridad en Internet, tendrá ahora facultades mucho más amplias. Podrá exigir información detallada no solo a las redes sociales, sino también a terceros, como las tiendas de aplicaciones o los verificadores de edad, para comprobar si realmente se están aplicando filtros eficaces. No se trata solo de que las plataformas digan que cumplen, sino de que demuestren con datos en la mano que los menores de 16 años no están campando a sus anchas por sus perfiles.
La picaresca de los adolescentes supera los controles técnicos
Lo cierto es que la tecnologÃa siempre va un paso por delante de la burocracia. Según varios informes, aunque se han desactivado alrededor de cinco millones de cuentas desde que la ley entró en vigor, siete de cada diez menores afectados siguen utilizando sus redes sociales favoritas como si nada. La estrategia es sencilla: usan cuentas prestadas por familiares adultos, crean perfiles con fechas de nacimiento falsas o utilizan navegadores privados para que no les pillen el rastro.
Un estudio reciente publicado en el British Medical Journal confirma que el impacto de la prohibición ha sido muy limitado. Los adolescentes son nativos digitales y saben perfectamente cómo moverse por la red para eludir cualquier barrera que se les ponga por delante. De hecho, entre los jóvenes de 14 y 15 años apenas se ha notado un ligero descenso en el uso, mientras que en otros grupos de edad la actividad incluso ha aumentado tras la aprobación de la ley, lo que deja claro que el reto es más educativo que puramente tecnológico.
Dudas cientÃficas y el espejo de otros modelos europeos
No todo el mundo está convencido de que prohibir sea la solución definitiva. Algunos expertos de la Universidad de California y más de 300 especialistas internacionales han adverttido que estas medidas carecen de un sustento cientÃfico claro y que incluso podrÃan generar efectos adversos en el bienestar de los chavales. El argumento es que, al prohibir el acceso, se les empuja a usar las redes de forma clandestina, perdiendo la oportunidad de educarles en un uso responsable y seguro bajo supervisión.
En Europa se miran ejemplos alternativos como el de Finlandia, donde se ha puesto el foco en los colegios prohibiendo el uso de móviles en las aulas. Esta medida sà parece estar dando frutos al fomentar la interacción real entre los estudiantes durante los recreos. Mientras tanto, Australia sigue adelante con su plan de imponer un deber digital de cuidado, responsabilizando directamente a las plataformas de cualquier daño que sus algoritmos puedan causar a los menores, una vÃa que también se está explorando muy seriamente en la Unión Europea.
La experiencia australiana demuestra que la intención de proteger a la infancia en el entorno digital es necesaria, pero su ejecución se enfrenta a obstáculos técnicos y sociales de gran calibre. Con multas que ahora alcanzan cifras estratosféricas y una vigilancia más estrecha sobre los trucos que usan las tecnológicas para no perder usuarios jóvenes, el mundo entero observa si este endurecimiento logrará finalmente el objetivo o si, por el contrario, la red seguirá siendo ese espacio ingobernable donde las leyes estatales tienen un alcance limitado.