La entrega de más de 5.000 tablets para estudiantes en la región de Moquegua está en el punto de mira tras un informe de la Contraloría General de la República que advierte de posibles demoras y riesgos en la custodia de los equipos. Lo que debía ser un impulso clave para la digitalización de las aulas se ha visto empañado por fallos administrativos y problemas de almacenamiento que ponen en jaque la llegada oportuna de estos dispositivos al alumnado de primaria.
El órgano de control ha puesto el foco en deficiencias en la documentación técnica, la ausencia de actas de transferencia física y la falta de seguros para proteger las tablets, además de condiciones poco seguras en los almacenes donde se encuentran. Todo ello amenaza con retrasar la distribución de los equipos que están destinados a miles de estudiantes de colegios públicos de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.
Un proyecto masivo para digitalizar las aulas de Moquegua
Las tablets forman parte del proyecto denominado “Mejoramiento de las Capacidades Informáticas y Tecnológicas de los Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas Públicas de la Región Moquegua”, conocido como TICs 2, impulsado por el Gobierno Regional de Moquegua. Esta iniciativa busca reforzar el acceso a tecnologías de la información y la comunicación en centros educativos públicos.
Según la información recogida por la Contraloría, el objetivo del programa es beneficiar a 27.745 escolares de educación primaria y secundaria de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro, a través de la dotación de dispositivos electrónicos y otras mejoras tecnológicas. Se trata de un proyecto de alcance regional que pretende cerrar brechas digitales y modernizar los recursos disponibles en las aulas.
En términos de ejecución, el proyecto registró a diciembre de 2025 un avance físico del 62,75% y un avance financiero del 66,01%. Estas cifras suponen un gasto acumulado de S/ 109.141.881 respecto a un presupuesto total de S/ 165.350.659, lo que indica que la inversión económica ha progresado de forma considerable, aunque todavía con un margen relevante por completar.
Dentro de ese presupuesto global, la adquisición de las tablets ascendió a S/ 11.422.615. Los equipos fueron destinados a reforzar el aprendizaje con herramientas digitales y a facilitar el acceso a contenidos educativos en formato electrónico, especialmente en zonas donde la infraestructura tecnológica es limitada.
La Contraloría detalla que las tablets fueron distribuidas a cuatro Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), encargadas de acercar estos equipos a las instituciones educativas y al alumnado final, en el marco de la estrategia de modernización educativa de la región.
5272 tablets repartidas en UGEL, pero aún sin llegar al alumnado
El informe de control precisa que son 5.272 las tablets escolares involucradas, destinadas principalmente a estudiantes de primaria de la región. De ese total, la distribución entre las UGEL se ha organizado de la siguiente manera: Mariscal Nieto recibió 2.604 unidades, Ilo 2.200, General Sánchez Cerro 370 y la UGEL San Ignacio de Loyola 98 dispositivos.
Sin embargo, pese a que los equipos ya han sido físicamente enviados a estas instancias, la Contraloría advierte que la entrega efectiva a los alumnos todavía no se ha concretado. El problema no se debe a la falta de dispositivos, sino a que el proceso administrativo que debe acompañar la transferencia está incompleto.
De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.º 14 (003-2026-OCI/5347-SCC), fechado el 6 de febrero de 2026 y elaborado tras la supervisión realizada entre el 26 y el 30 de enero de ese mismo año, los equipos fueron distribuidos sin contar con la documentación técnica y administrativa completa. Esta carencia documental se considera un factor clave que puede alargar los plazos para que las tablets lleguen finalmente a los escolares.
Uno de los puntos más delicados señalados por el órgano de control es la ausencia de actas de transferencia parcial física de los equipos hasta la fecha de evaluación. Estos documentos son fundamentales para acreditar el traslado formal de los bienes y fijar responsabilidades sobre su custodia, por lo que su inexistencia o demora en la firma complica la culminación del proceso de entrega.
La Contraloría General de la República advierte que, de mantenerse estas omisiones, se generarán retrasos en la entrega de las tablets a los estudiantes de primaria, afectando los plazos previstos para la implementación de los recursos tecnológicos en el inicio del año escolar y limitando el impacto inmediato que se esperaba del proyecto TICs 2 en las aulas.
Falta de seguros y equipos expuestos a riesgos
Además de los problemas administrativos, el informe pone de relieve la falta de pólizas de seguro para las tablets. Los equipos, calificados como bienes de valor y de uso intensivo en el contexto educativo, carecen de una cobertura que proteja frente a pérdidas, robos o daños durante su almacenamiento y traslado.
Para la Contraloría, esta situación deja a los dispositivos en una posición de vulnerabilidad financiera y operativa. En caso de incidentes, no existiría un respaldo asegurador que permita reponer los equipos o mitigar el impacto económico, lo que podría comprometer la continuidad del servicio educativo apoyado en tecnología.
El informe de Hito de Control subraya que, sin estas pólizas, se dificulta garantizar la continuidad de las operaciones relacionadas con la distribución y el uso de las tablets. En un proyecto de envergadura regional, la ausencia de seguros se interpreta como una debilidad importante en la gestión de riesgos por parte de las autoridades responsables.
La recomendación del órgano de control es que el Gobierno Regional de Moquegua y las UGEL involucradas implementen de forma urgente mecanismos de aseguramiento que cubran los eventuales daños o pérdidas. Este paso se considera esencial para proteger la inversión pública realizada y asegurar que los dispositivos lleguen y se mantengan operativos en manos del alumnado.
La ausencia de seguros, sumada a las condiciones en las que se han encontrado los equipos, refuerza la preocupación sobre la manera en que se está gestionando la protección de estos recursos tecnológicos, clave para la modernización de las escuelas de la región.
Almacenes con filtraciones, acceso inseguro y extintores vencidos
La inspección realizada por la Contraloría también revisó el estado de los almacenes donde se guardan las tablets, con resultados poco alentadores. En la UGEL Ilo, por ejemplo, se constató que los dispositivos se encuentran en un espacio con ventanas de vidrio sin protección, lo que facilita la posible intrusión o robo.
En ese mismo almacén, los técnicos del órgano de control identificaron techos con filtraciones de agua, un riesgo evidente para equipos electrónicos sensibles a la humedad, así como un extintor que llevaba casi un año vencido. Estos elementos configuran un entorno poco adecuado para la preservación de material informático.
La situación en la UGEL Mariscal Nieto tampoco resulta más favorable. Allí, según detalla el informe, las tablets se encuentran apiladas directamente sobre el piso de una oficina con acceso inseguro. La ausencia de estanterías apropiadas y de un control de ingreso más riguroso expone los equipos a daños físicos y a posibles sustracciones.
En términos generales, las condiciones descritas distan de los estándares recomendables para el almacenamiento de dispositivos electrónicos educativos, que requieren espacios secos, ventilados, con medidas de seguridad física y contra incendios al día. La Contraloría considera que estos fallos incrementan de manera significativa el riesgo sobre la integridad de las tablets.
La combinación de malas condiciones de almacenamiento y falta de seguro hace que cualquier incidente pueda traducirse en pérdidas irreparables o en largos procesos de reposición, con el consecuente impacto en el calendario de entrega a las escuelas y en el uso efectivo de los equipos por parte de los alumnos.
Reacciones del órgano de control y obligaciones del Gobierno Regional
Ante todas estas observaciones, la Contraloría General de la República comunicó formalmente sus hallazgos a la titular del Gobierno Regional de Moquegua, con el objetivo de que se adopten medidas correctivas y preventivas. El mensaje es claro: es necesario actuar con rapidez para proteger la inversión y asegurar que las tablets lleguen realmente a quienes las necesitan.
El documento oficial, que recoge el conjunto de incidencias detectadas, fue emitido el 6 de febrero de 2026 y abarca el periodo de evaluación comprendido entre el 26 y el 30 de enero del mismo año. Durante esos días se analizaron tanto los aspectos administrativos como las situaciones físicas de almacenamiento y distribución de los equipos.
Según detalla el informe, el Gobierno Regional de Moquegua debe fortalecer la gestión documental, completar los expedientes técnicos y administrativos, y formalizar las actas de transferencia de las tablets hacia las UGEL correspondientes. Sin estos pasos, la cadena de distribución queda incompleta y se dificulta trazar responsabilidades claras sobre los bienes.
Además, se recomienda implementar acciones preventivas para mejorar la seguridad y el resguardo de los equipos, incluyendo la adecuación de almacenes, la renovación de extintores y la incorporación de sistemas de protección que reduzcan los riesgos de robo, deterioro o siniestros.
El informe de control se encuentra disponible en el Buscador de Informes de Control de la Contraloría, de acceso público, lo que permite a la ciudadanía y a otras instituciones seguir el desarrollo de este caso y comprobar si las recomendaciones se llevan a cabo en los plazos oportunos.
Impacto en el calendario escolar y en la planificación educativa
La posible demora en la entrega de las tablets se produce en un contexto en el que el Ministerio de Educación (Minedu) ya ha fijado el calendario escolar para el curso 2026 en todos los centros educativos públicos y privados del país. Según la Resolución Ministerial N.º 501-2025, las clases comenzarán el lunes 16 de marzo y terminarán el viernes 18 de diciembre.
Este calendario contempla un ciclo lectivo de 36 semanas netas de clases, distribuidas en cuatro bloques de actividades pedagógicas, intercaladas con semanas destinadas a labores de gestión institucional y trabajo administrativo del profesorado. La planificación pretende ofrecer cierta estabilidad y previsibilidad a las comunidades educativas.
El cronograma diseñado incluye periodos específicos de gestión docente antes del inicio de las clases, así como intervalos adicionales a lo largo del año escolar para tareas de organización, evaluación y coordinación interna en los centros. La última fase del año se reserva a la gestión final y al cierre administrativo del curso.
En este contexto, las tablets forman parte de los recursos que muchas escuelas esperaban tener listos para el arranque o, al menos, para los primeros meses del año académico. La posibilidad de retrasos en la entrega de los dispositivos puede afectar la planificación de actividades vinculadas a la tecnología, especialmente en aquellos colegios que contaban con estos equipos para reforzar la enseñanza digital y el uso de tablets en colegios.
Aunque el calendario escolar se mantiene, la ejecución práctica de proyectos como TICs 2 queda condicionada por la capacidad del Gobierno Regional de Moquegua y de las UGEL de resolver con rapidez las observaciones de la Contraloría, normalizar la documentación y mejorar las condiciones de custodia de los equipos para que finalmente lleguen a manos del alumnado.
La situación de las 5.272 tablets almacenadas en Moquegua ilustra las dificultades que aún afrontan algunos proyectos de digitalización educativa: a pesar de contar con presupuesto, equipos adquiridos y un marco de planificación definido, pequeños fallos administrativos, la ausencia de seguros y las deficiencias en las infraestructuras de almacenamiento pueden frenar el impacto real en las aulas. La respuesta que den las autoridades regionales y educativas en las próximas semanas será clave para que estos dispositivos cumplan el propósito con el que fueron comprados: apoyar el aprendizaje de miles de estudiantes y acercar la educación pública a un entorno más conectado y tecnológico.
